El inevitable idilio de Whatsapp y el Derecho Administrativo

Imagen WHATSAPP.pngNo hay medio de comunicación más universalizado que el WhatsApp, destacado del pelotón de aplicaciones de similar funcionalidad. No hay cauce por donde transiten más reflexiones, emociones, quejas y conversaciones sobre lo divino y lo humano. Bromas, desafíos, amores y desavenencias; la vida palpita en WhatsApp y donde hay vida hay problemas. El Derecho, y en particular el Derecho Administrativo no puede esconder su cabeza como el avestruz ante este fenómeno.

Desde un punto de vista jurídico, los contenidos de WhatsApp son medios de prueba de negocios jurídicos, de conductas penales o situaciones relevantes en el ámbito laboral, entre otros. Al fin y al cabo evidencian voluntades al plasmar mensajes, enlazan al remitente y al destinatario, y su contenido plasma información.

Estamos ante una prueba electrónica pujante pero no exenta de problemas como han manifestado los propios jueces. Y es que su mayor virtud (rapidez unida a sustrato electrónico) es su mayor defecto (volatilización y/o manipulación igualmente electrónica). Ello sin olvidar los abusos a que se presta el medio, tanto por parte de quien utiliza el móvil ajeno como por quien utiliza maliciosa y unilateralmente el envío de mensajes generando sensación de relaciones bilaterales inexistentes. Y ya sin adentrarnos en el uso abusivo por parte del famoseo de Sálvame y otros programas infames, que unen la exhibición de un mensaje de WhatsApp a una amenaza de denuncia judicial para que la audiencia crezca).

Es cierto que esa relevancia objetiva del medio (WhatsApp) encarece la observancia de las garantías de su existencia e interpretación de su alcance, para evitar su distorsión o manipulación, especialmente en el ámbito penal, cuyo estado se refleja en este estupendo artículo.

Así y todo, más allá de su medio probatorio, me temo o más bien, confío, en que la funcionalidad de WhatsApp se abrirá paso en un triple frente el Derecho administrativo.

  1. En primer lugar, comomedio de notificación válidoporque la futura Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo (PACA), ya comentada aquí, contempla en su artículo 66.1 a efectos de práctica de notificación al particular “la identificación del medio electrónico”, si bien a renglón seguido apunta a la expresión de una “dirección de correo electrónico”. De ahí que no se cierra el paso a la posibilidad de usar WhatsApp como medio natural de notificación, por voluntad del destinario, pero siempre que se cumpla una condición lógica y jurídica que deriva del inciso del art.41: “…serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma”.

Por tanto, no hay escollo jurídico sino reto técnico (o más bien tecnológico), pero estamos en un ámbito donde las garantías deben ser máximas (la notificación es condición de eficacia del acto, de su ejecutividad y de la posible firmeza con inimpugnabilidad). En fin, será cuestión de tiempo, de “breve” tiempo. Al fin  y al cabo, el WhatsApp es el hermano pequeño del correo electrónico y los pequeñuelos crecen.

Si ya se derribó el muro de la técnica en cuanto a la garantía de la constancia de la recepción de correos electrónicos y muy posiblemente en breve sucederá igual con los whastApp, lo que supondrá la implantación del whasapp en la relación jurídico-administrativa.

También se me ocurre que no creo que exista obstáculo a la funcionalidad similar, en caso de que la Administración envíe una comunicación administrativa por whasapp, y el destinatario responda con un correo electrónico, dándose por notificado, lo que sería válido.

  1. En segundo lugar, el WhatsApp es medio idóneo para la relación jurídica entre ciudadano y Administración cuando se trata demeras comunicaciones (citas previas, informaciones, avisos, etc.), y pudiendo ser un medio idóneo que algunos municipios españoles ya admiten para poner en conocimiento de la policía local o del servicio de mantenimiento municipal la existencia de desperfectos o carencias de los servicios públicos municipales: baches, edificaciones ruinosas con peligro, farolas con luces fundidas, coches abandonados, señales de tráfico ocultas por el follaje, etc.

Se trata de meras comunicaciones del ciudadano por WhatsApp a un número oficial habilitado para su recepción y que no inician procedimiento administrativo alguno más allá del impulso de su examen por la administración y toma de medidas llegado el caso.

  1. En tercer lugar, como medio de denuncia administrativa para promover no ya la actividad de servicio de la Administración sino su poder coactivo y sancionador. Es sabido que las denuncias anónimas se van abriendo paso en nuestro ordenamiento jurídico (especialmente en el mundo tributario) pero las denuncias vía WhasApp pueden propiciar “el gatillo fácil” (o más bien “el pulgar fácil”) y que se inunde la Administración de denuncias procedentes, bien de querulantes o quejosos a diestro y siniestro, o vendettas particulares o incluso de maniobras de distracción de la inspección. De todo cabe en las viñas de algunos ciudadanos.

Sin embargo, tampoco debe rechazarse que es un medio de comunicar de forma pronta a la policía o inspección situaciones “en caliente”, sin que el denunciante tenga que identificarse y detallar telefónicamente las circunstancias a un inquisitivo operador, y sin tener que buscar un ordenador u oficina postal.

Pensemos por ejemplo, un turista que está oteando los acantilados de la costa y observa unos furtivos mariscando fuera de veda, o unos vehículos mal aparcados que bloquean la entrada a urgencias de un hospital, o ventas de productos sin garantías para el consumidor, o corruptelas patentes, y el particular puede en tiempo real y de forma rápida enviar su simple denuncia e incluso acompañada de una foto.

  1. La condición para el éxito de esta vía es doble. De un lado, la cultura y sensibilización ciudadana para evitar abusos y haceruso sensato. De otro lado, la necesidad de que la propia Administración establezca sistemas de “filtrado” para priorizar o postergar unas u otras denuncias, e incluso para establecer medidas restrictivas contra los reincidentes en denuncias maliciosas y evitar “profesionales de la denuncia”.

En fin, la tecnología abre posibilidades inexploradas para enriquecer la vida personal y la actividad pública pero también problemas, que deben ser resueltos también en clave tecnológica, pero bajo el ropaje del derecho. Al fin y al cabo, el Derecho pone orden donde reina el vértigo.

 

Artículo publicado por J. R. Chaves en su blog CONTENCIOSO.ES

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