A partir del próximo 1 de julio obligación de IVA en tiempo real

IVA-Electrónico.jpgEl conocido suministro inmediato de Información, (SII), consiste en un sistema que permitirá a la AEAT conocer de forma, casi inmediata, los datos de facturación de una compañía.

Su entrada en vigor se producirá el próximo 1 de julio, y supone un cambio respecto del actual sistema de gestión del IVA que lleva 30 años funcionando.

La información correspondiente a las facturas expedidas deberá suministrarse en el plazo de cuatro días naturales desde la fecha de su expedición y la información correspondiente a las facturas recibidas en un plazo también de cuatro días desde la fecha en que se lleva a cabo su registro contable.

Los operadores económicos que se verán afectados por este sistema serán aquellos con una facturación superior a 6 millones,  los inscritos en el Redeme, (Registro de Devolución mensual del IVA) y  los Grupos de IVA, (aquellos formados por una organización dominante y sus entidades siempre que sus sedes de actividad económica o sus establecimientos permanentes radiquen en el territorio de aplicación del impuesto),  por lo que es de suponer que su número de operaciones será elevado, y se verán obligados a presentar una declaración el impuesto casi a diario.

Se dice que la intención es extender este sistema a todas las empresas, pues se pretende por parte del Gobierno mejorar el control tributario para reducir el fraude del IVA, y agilizar los trámites y la gestión de este impuesto para las empresas.

Pero lo cierto es que, a día de hoy, ha supuesto un coste adicional para las empresas, bien porque se han visto obligadas a implementar un software que ronda los 35.000 euros, o bien porque, como todavía no se han adaptado, deben incrementar sus gastos de personal, vía nuevas contrataciones o vía horas extras.

Todo sea en aras de la transparencia y en una mejora a medio y largo plazo de las gestión de las empresas afectadas.

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POR FIN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ENTRAN HOY EN VIGOR.

montoro haciendaLos Presupuestos Generales del Estado de 2017 entran hoy en vigor.

Para los ciudadanos que no sean expertos en política presupuestaria, quizá no tenga ninguna relevancia el haber estado durante seis meses con unos presupuestos prorrogados, pero sí la tiene, y mucha.

Cuando se prorroga un presupuesto se tiene muy poco margen de maniobra, porque la prórroga no afecta a los créditos para gastos correspondientes a programas y actuaciones que terminen en el ejercicio anterior o para obligaciones que se extingan en el mismo, tal y como señalan las normas presupuestarias. Es decir, no existe capacidad para decidir nuevas inversiones ni para destinar los créditos a nuevas necesidades sociales o económicas que surjan en el nuevo ejercicio.

Y todo ello sin contar que el otorgamiento de nuevas subvenciones, en especial las que derivan de la formalización de Convenios para el otorgamiento de subvenciones nominativas, que quedan paralizados hasta la aprobación de una nueva ley de presupuestos.

¿Y que ocurre una vez aprobados los presupuestos con seis meses de demora?

Pues que los gastos e inversiones aprobadas para su ejecución en este ejercicio se demoran, pues los expedientes inician su tramitación con la aprobación de los presupuestos, y es habitual, que inversiones a realizar en un plazo superior a los seis meses restantes hasta finalizar el ejercicio presupuestario, se decidan de forma acelerada, porque hay urgencia en ejecutar el presupuesto.

Pero bueno, al menos esté corsé ha desaparecido para el ejercicio 2017, y, es una buena noticia que ya se esté negociando el techo de gasto para 2018, que se espera aprobar en el próximo Consejo de Ministros próximo 3 de julio, y que, según las informaciones del Ministro de Hacienda, crecerá como máximo hasta un 2.3%para der cumplir con el objetivo de 2.2% del PIB

Esto significa que, al parecer, los Presupuestos para el 2018 van a aprobarse en plazo, lo cual, sin duda, es una buena noticia.

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El Reglamento General de Protección de Datos y las Administraciones Públicas

proteccion-datos15.jpgDesde que se aprobó definitivamente el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en adelante RGPD, se ha hablado largo y tendido, y lo que nos queda todavía, sobre la nuevas implicaciones teóricas y sobre todo prácticas que conlleva la aplicación del RGPD.

Si bien es cierto que, al igual que la normativa actual en la materia, el RGPD establece obligaciones tanto a entidades privadas como a entidades públicas, tengo la sensación, de que nos hemos centrado más en el análisis del Reglamento respecto de las empresas privadas.

Es por ello y a raíz de la publicación, por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), de dos documentos que identifican las obligaciones del Reglamento de Protección de Datos para las AAPP, cuando me ha parecido interesante ahondar más en las nuevas obligaciones que deberán asumir las autoridades u organismos públicos, como las denomina el propio Reglamento.

Comenzando por el principio, en mi opinión, lo primero que habría que determinar, máxime cuando el propio RGPD no lo define,  es qué debemos entender por autoridad u organismos públicos en España:

El Grupo de Trabajo del Artículo 29 (GT29), en sus Directrices sobre los delegados de protección de datos, indica que la noción de autoridad u organismos públicos, deberá determinarse según la legislación de cada país, donde además de autoridades y organismos públicos nacionales, regionales y locales se pueden incluir otros organismos regidos por el derecho público. Todo ello teniendo presente que una tarea pública se puede llevar a cabo, y la autoridad pública se puede ejercer también por personas físicas o jurídicas regidas por el derecho público o privado, en sectores tales como, servicio de transporte público, el suministro de agua y energía, la infraestructura viaria, la radiodifusión pública o los organismos disciplinarios para las profesiones regladas (ej. Colegios Profesionales).

En España y para afinar más en el concepto de organismo público, voy a acudir a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, donde en su artículo 88 indica que “Son organismos públicos dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, bien directamente o bien a través de otro organismo público, los creados para la realización de actividades administrativas, sean de fomento, prestación o de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación; actividades de contenido económico reservadas a las Administraciones Públicas; así como la supervisión o regulación de sectores económicos, y cuyas características justifiquen su organización en régimen de descentralización funcional o de independencia“.

En la práctica, identificar este tipo de organismos públicos que se rigen por derecho público, no supone mayor dificultad. Por el contrario, y así lo he podido comprobar en mis años de profesión, el determinar claramente qué obligaciones en materia de protección de datos deben asumir las denominadas entidades públicas empresariales, las cuales son entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia pero se rigen por derecho privado (artículos 103 y SS Ley 40/2015), no es para nada baladí. Y más aún con la aparición en el RGPD del Delegado de Protección de Datos.

Volviendo al RGPD,  está más que asumido que las autoridades u organismos públicos (AAPP), son responsables de los datos de carácter personal que tratan, pero incluso en algunas ocasiones pueden actuar también como encargados, por lo que no hay duda de que las previsiones del RGPD le afectan.

¿De qué manera?, por seguir el esquema desarrollado por la AEPD en los documentos mencionados, analicemos algunos de los principales puntos de impacto del RGPD, así como otros no mencionados:

1. Necesidad de identificar las finalidades y la base jurídica de los tratamientos, una primera parte que no es nueva, y una segunda que se refuerza con el deber de las AAPP de informar a los interesados tanto de las finalidades como la base jurídica que fundamenta los tratamientos. Aunque esto nos lleve a pensar que las AAPP se van escudar en el interés público o el ejercicio de poderes públicos, y que con eso “van servidas”, no deben olvidar lo siguiente:

a. Que el interés público y ejercicio de poderes deben estar establecidos en una norma de rango de ley, y nos deberán de informar en cuál.

b. Que en muchas ocasiones necesitarán el consentimiento libre, específico y mediante acción afirmativa de los interesados, no siendo válido el consentimiento tácito.

2. Adecuar la información que se ofrece a los interesados, esto significa que las AAPP deben modificar los documentos que actualmente utilicen para la recogida de datos y adaptarlas al principio de información del RGPD.

En este punto, así como para el correcto establecimiento de mecanismos para el ejercicio de derechos, los medios electrónicos de las AAPP les pueden resultar de gran ayuda y creo que sería acertado orientar sus esfuerzos en este sentido.

3. Necesidad de valorar si los encargados de tratamiento (ET) con los que vayan a operar ofrecen garantías de cumplimiento RGPD, a este respecto se supone que las AAPP tienen también la obligación de diligencia debida aplicada a la elección de los ET, contratando únicamente aquellos que estén en condiciones de cumplir con el RGPD.

Pero, ¿quién no ha conseguido o perdido contratos con la administración donde el  principal, por no decir el único, criterio establecido por la misma, para la adjudicación, era la presentación de la oferta más económica?.

4. Adecuación de los contratos de encargo, como bien indica la AEPD en el caso de las AAPP, y puesto que el RGPD lo habilita, es frecuente que el encargo de tratamiento se establezca mediante actos jurídicos, son en estos donde se deberá recoger el contenido mínimo exigido por el RGPD, que a su vez, es más amplio que el actualmente previsto en la normativa española de protección de datos (art.12 LOPD).

5. Deberán realizar un análisis de riesgo, ampliando los focalizados actualmente a la seguridad de la información para incluir riesgos asociados al incumplimiento de las disposiciones del RGPD. Además y a la luz de los resultados del análisis de riesgo,  deberán revisar las medidas de seguridad. En el caso de las AAPP la aplicación de las medidas estará marcada por los criterios establecidos en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).RGPD y ENS de la mano.

6. Establecer un Registro de Actividades de Tratamiento, ya que independientemente que se tenga obligación o no de tenerlo, si no se identifican los tratamientos difícilmente se podrán realizar los análisis de riesgos, obtener los consentimientos e implementar las cláusulas informativas.

7.    Valorar la necesidad de realizar una Evaluación de Impacto, en este caso se establece que ante tratamientos basados en la consecución de fines de interés público, recordemos lo indicado en el punto 1, el RGPD posibilita bajo determinados requisitos y supuestos que no se realice la EIPD, aunque sean tratamientos de alto riesgo.

8. Obligación de designar un Delegado de Protección de Datos (DPD), el RGPD indica que todas las autoridades u organismos públicos nombrarán un DPD. Motivo por el cual creo que es importante saber definir cuando estamos ante una autoridad u organismo público.

Uno de los dos documentos publicados por la AEPD, se centra en el DPD en las AAPP, donde me parece interesante resaltar lo siguiente:

a. Se podrá designar un único DPD para varias autoridades u organismos, por ejemplo un ministerio, consejería o ayuntamiento.

b. El DPD podrá desarrollar su actividad a tiempo completo o parcial.

c. El DPD podrá formar parte de la plantilla del responsable o del encargado  o desempeñar sus funciones en el marco de un contrato de servicios.

Es decir, el RGPD no indica que el  DPD obligatorio en todas las AAPP deba ser lo que conocemos como funcionario de carrera,  sino que ofrece la posibilidad de que se contraten externamente las funciones de DPD, algo que, por otro lado,  ayudará a evitar conflictos de intereses dentro de la organización.

Por último la AEPD, en su novena sesión abierta, indicó que las AAPP deben de ir decidiendo ya quién va a ocupar el puesto de DPD.

Termino mi exposición con una pregunta:

Las sanciones, ¿qué dice el RGPD de las sanciones a las autoridades y organismos de públicos?

Pues poca cosa, la verdad, en el artículo 83.7 indica que “cada Estado miembro podrá establecer normas sobre si se puede, y en qué medida, imponer multas administrativas a autoridades y organismos públicos (…)”.

En el caso de España, ¿debemos de entender que será en la nueva LOPD, actualmente en tramitación, donde se indique el régimen sancionador para las AAPP españolas?.¿Será un régimen diferente al actual LOPD?.

Para decepción de muchos de los presentes en la última sesión abierta de la AEPD, hasta mayo de 2018 no está prevista la aprobación de la nueva norma, por lo que toca  esperar a tener acceso al anteproyecto de la Ley para comprobar que se indica al respecto.

Artículo publicado en:

http://www.legaltoday.com/blogs/nuevas-tecnologias/blog-prodat/el-reglamento-general-de-proteccion-de-datos-y-las-administraciones-publicas

Los ayuntamientos quieren que el Estado pague la plusvalía municipal

caballero-abel-770Los ayuntamientos quieren que el Estado les resarza de las devoluciones de liquidaciones del Impuesto de Plusvalía Municipal, parcialmente anulado por el Tribunal Constitucional (TC), que reclamen los contribuyentes con sentencias judiciales que así lo ordenen.

Así, lo anunció esta mañana Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), que afirmó, tras la , tras la reunión que la Junta de Gobierno de la Federación, que “no puede ser que el coste de un impuesto mal diseñado por el legislativo lo tengan que soportar las Haciendas Locales y no la Estatal”.

El Tribunal Constitucional, mediante tres sentencias -una referida a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en el régimen general y las otras dos sobre las normativas forales de Guipúzcoa y Álava- adoptadas por el Pleno, ha determinado que a partir de ahora, quien venda inmuebles a pérdida no tendrá que pagar el Impuesto de Plusvalía Municipal a Hacienda.

El Pleno del TC determina en estas sentencias que el objeto del impuesto regulado por las normas estatal es el incremento del valor que pudieran haber experimentado los terrenos en un determinado intervalo de tiempo. Sin embargo, la norma determina el gravamen no se vincula a la existencia de ese incremento, sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo computable entre uno -mínimo- y 20 años -máximo-.

Aplicación automática

Así, bastaba hasta ahora con ser titular de un terreno de naturaleza urbana para que se aplique a esta circunstancia, como consecuencia inseparable e irrefutable, un incremento de valor sometido a tributación que se cuantifica de forma automática mediante la aplicación al valor que tenga ese terreno a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles al momento de la transmisión, de un porcentaje fijo por cada año de tenencia, con independencia no solo del quantum real del mismo, sino de la propia existencia de ese incremento.

Por ello, Abel Caballero destacaba que la Femp va a proponer al Ministerio de Haciendados dos posibles mecanismos para regularizar la situación del tributo a partir de ahora. Por un lado, se trataría de establecer un sistema de índices basado en los valores catastrales y la variación de los pecios medios de los inmuebles. E segundo mecanismo posible estaría basado en el precio de compra del inmueble menos el de venta. De este modo, solo se tributaría de existir plusvalía.

El presidente de la Femp advertía que la propuesta de Hacienda y la solución “deben ser inmediatas”. Mientras tanto, los interventores de algunos municipios están resolviendo liquidaciones con sentencia favorable al contribuyente. Algunos de estos casos se pueden considerar muy claros, ha subrayado, al tiempo que recordaba que desde hace años venían avisando a Hacienda de la situación de inconstitucionalidad de esta figura impositiva. Caballero ha manifestado que toda la responsabilidad es del Estado y, por tanto, debe hacer frente a las demandas de devolución.

“Esta situación ha creado una gran inseguridad jurídica a los contribuyentes y a los municipios”, ha concluido. “Estamos del lado del ciudadano”, ha apostillado.

Según los datos de Hacienda, el año pasado se recaudó por este impuesto algo menos de 2.000 millones de euros, por lo que el monto de reclamaciones podría rondar los 8.000 millones de euros.

Artículo publicado en:

http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8393941/05/17/Los-ayuntamientos-quieren-que-el-Estado-pague-la-plusvalia-municipal.html

La FEMP propone una reforma integral del impuesto de plusvalía

 

abel caballero.jpgLa Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha elaborado ya el documento que ha remitido al Ministerio de Hacienda para que éste acometa con la mayor brevedad posible una reforma integral del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos (IIVTNU), popularmente conocido como plusvalía.

El texto enviado al departamento que dirige Cristóbal Montoro plantea dos posibles soluciones. La primera consistiría en adecuar el tributo a la evolución real del mercado inmobiliario. Con el fin de conseguirlo, los ayuntamientos proponen que la base imponible incorpore cada año unos coeficientes que reflejen lo que hacen los precios del suelo, manteniendo la referencia al valor catastral.

Sobre quién debería ser la fuente que diseñe esos coeficientes, la FEMP apuesta por que sea el Catastro, al tratarse de un organismo “oficial” y plantea que cada ejercicio se actualice a través de los Presupuestos del Estado.

Los municipios consideran que de este modo se podría ofrecer a los contribuyentes las garantías y los mecanismos necesarios para poder acreditar en cada caso si ha habido o no un incremento de valor en el periodo a considerar para el cálculo de la base imponible. Otro de los cambios más relevantes que plantean las entidades locales es que en aplicación del principio constitucional de la responsabilidad de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, se propone que no queden exentas del pago del impuesto las plusvalías inferiores al año.

Doble imposición

Otra de las opciones que baraja el documento remitido al Ejecutivo central se pone como objetivo reducir al máximo la litigiosidad del impuesto, dándole la mayor relevancia a la capacidad económica del contribuyente. De ahí que reclame “una reforma integral” del impuesto sustituyendo la actual base objetiva por otra base que grave la capacidad económica real del sujeto pasivo.

Este es un problema que se ha planteado en los últimos años en el caso de las herencias, cuando también es necesario tributar por plusvalía.

Numerosos contribuyentes vienen denunciando desde que se inició la crisis cómo se han visto obligados a renunciar a miles de herencias por no poder hacer frente al coste fiscal de las mismas, compuesto por el impuesto de sucesiones, pero también por el pago de la plusvalía municipal. Ahora, la FEMP plantea que se tenga en cuenta la renta del contribuyente al liquidar el tributo.

Con esa reforma integral, los ayuntamientos piden que esa nueva base tuviera en cuenta el incremento real del valor (tal y como sucede en la imposición de carácter personal) por la diferencia entre el “valor de transmisión o venta menos el valor de adquisición o compra”. Además, también plantean que se extienda ese incremento tanto al valor de la construcción y no solo al suelo, así como a los inmuebles rústicos y no solo a los urbanos.

De nuevo, exigen que se grave igualmente la plusvalía generada dentro del año. Con el objetivo de evitar la doble imposición, ya que las ganancias que puede generar la venta de una casa también tributan en el IRPF, proponen que la cuota del futuro impuesto de plusvalía sea deducible en los tributos estatales.

OTRAS REIVINDICACIONES

Los ayuntamientos demandan a Hacienda que sea lo más ágil posible en la reforma de la plusvalía. Además, tienen otras reivindicaciones.

Pérdida de recaudación. El documento elaborado por la FEMP es claro. Hacienda debe compensar a los municipios que a la fecha de publicación de la sentencia tengan aprobado el impuesto por el 100% de la pérdida de recaudación derivada de la aplicación de dicha resolución judicial.

Procedimiento. Asimismo, solicitan al Ministerio que publique una nota aclaratoria sobre el procedimiento de actuación que debe seguirse por parte de los ayuntamientos hasta que se apruebe la reforma del impuesto.

Negociación. Por último, exigen la creación de un grupo de trabajo conjunto entre el Gobierno central y los representantes de las entidades locales para concretar tanto los términos de la reforma del impuesto como la compensación de la pérdida de recaudación.

Plazos. Dada la cantidad de recursos que podrían estar acumulándose, el presidente de la FEMP, Abel Caballero, urgió el martes al Ejecutivo a cambiar la ley en el plazo de semanas, “si me apuras, en el mes de junio”.

Artículo publicado en:

http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/06/01/midinero/1496337634_518580.html?id_externo_rsoc=TW_CC

Los expertos proponen que las CCAA tengan cierto margen para subir el IVA en situaciones críticas

montoro bird faceFuentes próximas a la comisión de expertos han explicado que, con esta fórmula, las comunidades autónomas asumirían el coste político que supone pedir a sus ciudadanos un sacrificio adicional en forma de subida del IVA, “y que no sea siempre el ministro Montoro el que aumente los tributos”.

La comisión de expertos en financiación autonómica recomendará que las comunidades autónomas tengan cierto margen para subir el IVA en situaciones críticas, de manera uniforme en todo el territorio y a fin de que puedan disponer de una inyección adicional de recursos.

Fuentes próximas a la comisión de expertos, nombrada por el Gobierno para reformar la financiación autonómica, han explicado que, con esta fórmula, las comunidades autónomas asumirían el coste político que supone pedir a sus ciudadanos un sacrificio adicional en forma de subida del IVA, “y que no sea siempre el ministro Montoro el que aumente los tributos”.

No obstante, las mismas fuentes han insistido en que la comisión de expertos no está planteando una subida de impuestos sino que lo que está recomendando es que las comunidades tengan la posibilidad de modificar ciertos tributos, en concreto el IVA colegiado, y reforzar así su autonomía.

Y esa autonomía financiera es la que permitirá a las comunidades usar ese dinero extra en lo que estimen, en función de sus necesidades y sin ningún tipo de restricción.

En todo caso, han recordado que todos los capítulos o apartados del informe siguen abiertos hasta que no se concluyan las reuniones y se redacte el documento definitivo.

De hecho, dentro de la comisión hay algunas voces contrarias y, para un experto consultado por Efe, esta solución es “ficticia e inaplicable” al exigir consenso entre comunidades.

En la comisión, que se ha reunido esta semana dos veces y lo hará de nuevo el 7 de junio, para avanzar en el desarrollo del nuevo modelo que deberá estar cerrado a finales de agosto, también se ha tratado, aunque prácticamente de puntillas, el acuerdo del Gobierno con Nueva Canarias que ha permitido la aprobación de los presupuestos y ha supuesto una inyección para el archipiélago.

A diferencia del pacto entre Gobierno y el PNV sobre el cupo vasco, que generó malestar en la comisión y la renuncia de uno de los expertos por entender que se privilegiaba al País Vasco, el asunto de Canarias no ha enturbiando el clima de la comisión ni generado ningún tipo de polémica, discusión o controversia.

De manera general, los expertos han entendido que el acuerdo con Nueva Canarias afecta a cuestiones muy puntuales y no traiciona, en ningún caso, el mandato del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Sin embargo, algunos miembros de la comisión sí han observado cierto agravio respecto a otra comunidad insular, como Baleares, y han lamentado que Canarias haya conseguido por la vía presupuestaria mucho más de lo que consiguen sus políticos con muchas horas de negociación.

Lo que está claro, para estas fuentes, es que consigue más “el diputado 176” que lo que puedan lograr la comisión de expertos, por muchas horas que echen sus miembros para reformar el modelo.

En definitiva, para la mayoría de los miembros de este órgano da más réditos la compra de votos a cambio de acuerdos políticos que el resultado de los trabajos que se realizan en el seno de la comisión.

Artículo publicado en:

http://www.expansion.com/economia/2017/06/03/59327697e5fdeae3018b4592.html?cid=SMBOSO22801&s_kw=twitter

El Supremo admite nuevas pruebas no aportadas antes a Hacienda

montoro blog.jpgEl Tribunal Supremo ha establecido que cabe en sede de revisión aportar nuevas pruebas que, aunque fueron requeridos, no fueron aportadas por el contribuyente ante la Agencia Tributaria.

El Tribunal Supremo (TS) ha establecido que cabe en sede de revisión (ya sea mediante un recurso de reposición, una reclamación económico-administrativa, o un recurso contencioso-administrativo) aportar nuevas pruebas o documentos que, aunque fueron requeridos, no fueron aportadas por el contribuyente ante la Agencia Tributaria (AEAT) en el procedimiento de investigación correspondiente.

En una sentencia que sienta un precedente en un asunto muy debatido en el que los tribunales no habían dado hasta ahora la razón al contribuyente y que resultará de interés para la práctica de contencioso-tributario, el Alto Tribunal estipula que sí que cabe en sede de revisión, aunque fuera en reposición ante el mismo órgano administrativo, la aportación de nuevas pruebas.

En el caso analizado, en el que no se atendió un requerimiento, el TS entiende que no se puede hablar de un simple procedimiento de revisión de actos administrativos, ya que lo que constituye el objeto de un proceso contencioso no es sólo la revisión de un acto, sino si éste es conforme a derecho, con lo que falla que hay que tener en cuenta todas las pruebas. Es decir, la sentencia considera que si en vía jurisdiccional ha de ser admitido, más si cabe si es la propia Administración la que pidió información.

Nuria Nicolau, socia de la práctica contencioso-tributaria de Cuatrecasas, y la asociada Irene Álvarez, señalan que este asunto ha sido objeto de muchos debates y de resoluciones del TEAC y sentencias de Tribunales Superiores de Justicia hasta ahora contrarias al contribuyente. “Con esta sentencia del Supremo, gana la tutela judicial efectiva, sin la cual el contribuyente está indefenso”, concluyen Nicolau y Álvarez.

Artículo publicado en:

http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/06/01/5930359ce2704e24438b45ca.html?cid=SMBOSO22801&s_kw=twitter

Los ayuntamientos quieren que el Estado pague la plusvalía municipal

caballero-abel-770.jpgLos ayuntamientos quieren que el Estado les resarza de las devoluciones de liquidaciones del Impuesto de Plusvalía Municipal, parcialmente anulado por el Tribunal Constitucional (TC), que reclamen los contribuyentes con sentencias judiciales que así lo ordenen.

Así, lo anunció esta mañana Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), que afirmó, tras la , tras la reunión que la Junta de Gobierno de la Federación, que “no puede ser que el coste de un impuesto mal diseñado por el legislativo lo tengan que soportar las Haciendas Locales y no la Estatal”.

El Tribunal Constitucional, mediante tres sentencias -una referida a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en el régimen general y las otras dos sobre las normativas forales de Guipúzcoa y Álava- adoptadas por el Pleno, ha determinado que a partir de ahora, quien venda inmuebles a pérdida no tendrá que pagar el Impuesto de Plusvalía Municipal a Hacienda.

El Pleno del TC determina en estas sentencias que el objeto del impuesto regulado por las normas estatal es el incremento del valor que pudieran haber experimentado los terrenos en un determinado intervalo de tiempo. Sin embargo, la norma determina el gravamen no se vincula a la existencia de ese incremento, sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo computable entre uno -mínimo- y 20 años -máximo-.

Aplicación automática

Así, bastaba hasta ahora con ser titular de un terreno de naturaleza urbana para que se aplique a esta circunstancia, como consecuencia inseparable e irrefutable, un incremento de valor sometido a tributación que se cuantifica de forma automática mediante la aplicación al valor que tenga ese terreno a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles al momento de la transmisión, de un porcentaje fijo por cada año de tenencia, con independencia no solo del quantum real del mismo, sino de la propia existencia de ese incremento.

Por ello, Abel Caballero destacaba que la Femp va a proponer al Ministerio de Haciendados dos posibles mecanismos para regularizar la situación del tributo a partir de ahora. Por un lado, se trataría de establecer un sistema de índices basado en los valores catastrales y la variación de los pecios medios de los inmuebles. E segundo mecanismo posible estaría basado en el precio de compra del inmueble menos el de venta. De este modo, solo se tributaría de existir plusvalía.

El presidente de la Femp advertía que la propuesta de Hacienda y la solución “deben ser inmediatas”. Mientras tanto, los interventores de algunos municipios están resolviendo liquidaciones con sentencia favorable al contribuyente. Algunos de estos casos se pueden considerar muy claros, ha subrayado, al tiempo que recordaba que desde hace años venían avisando a Hacienda de la situación de inconstitucionalidad de esta figura impositiva. Caballero ha manifestado que toda la responsabilidad es del Estado y, por tanto, debe hacer frente a las demandas de devolución.

“Esta situación ha creado una gran inseguridad jurídica a los contribuyentes y a los municipios”, ha concluido. “Estamos del lado del ciudadano”, ha apostillado.

Según los datos de Hacienda, el año pasado se recaudó por este impuesto algo menos de 2.000 millones de euros, por lo que el monto de reclamaciones podría rondar los 8.000 millones de euros.

Artículo publicado en:

http://www.eleconomista.es/legislaciñon/noticias/8393941/05/17/Los-ayuntamientos-quieren-que-el-Estado-pague-la-plusvalia-municipal.html

Cómo sancionar la aceptación de regalos inadecuados

regalos inadecuados.jpgLos códigos internos no sólo sirven para regular las relaciones laborales, sino también para ampliar los castigos a comportamientos reprochables disciplinariamente que suceden dentro de una empresa.

Todos sufrimos a los amigos o compañeros de trabajo que se empeñan en consumirnos la batería del móvil con infinitos mensajes y fotos en los grupos de WhatsApp. Aunque esto es molesto en bastantes ocasiones, no suele ir mucho más allá, al contrario de lo que le pasó a un empleado de Securitas Direct que fue despedido por compartir en uno de estos grupos los domicilios de potenciales clientes.

Además de pedir 75 euros para entrar en este selecto club y facilitar así el trabajo comercial, esta conducta iba en contra del código interno de la compañía, conocido y de obligado cumplimiento, como subraya la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha, que avaló así el despido de este empleado.

Aunque lo habitual es sancionar a los trabajadores según las prácticas recogidas en los convenios colectivos o en el Estatuto de los Trabajadores, sentencias de este tipo que avalan los códigos internos dan precisamente una relevancia importante a estos manuales corporativos como pieza fundamental en las relaciones laborales.

Y es que “permiten ampliar el catálogo de conductas sancionables respecto a la normativa convencional”, indica Raquel de la Viña, gerente del área laboral de BDO Abogados, que recuerda que están limitados por los derechos fundamentales.

Por lo tanto, los códigos de conducta deben recoger situaciones que no están contempladas en los convenios colectivos, “bien porque éstos están desfasados por no contemplar la realidad empresarial que regulan o porque el texto adolece de deficiencias desde el punto de vista jurídico”, explica la experta de BDO Abogados.

Se trata de unas fórmulas que permitirían sancionar a los trabajadores ante conductas reprochables disciplinariamente y, en su caso, acreditar ante los tribunales las causas de dicho castigo. Además, podrían eximir de posibles responsabilidades penales a la empresa ante la conducta incorrecta del empleado.

Sin embargo, Raquel de la Viña insiste en que “no se pueden confundir los grados de tipificación y los de sanción, ya que podría generar un defecto de redacción que dejaría una conducta específicamente determinada sin poder ser sancionada por la imposibilidad de encuadrarla en una falta por una incorrecta configuración del precepto”.

Conductas sancionables

Los conflictos de interés y las transgresiones de la buena fe contractual son algunos de los comportamientos que mejor encaje jurídico tienen en los códigos. No obstante, la aceptación de regalos está entrando con fuerza en los últimos años para evitar una posible existencia de corrupción, soborno o compraventa de favores y su repercusión en el compliance de la compañía.

“Todo depende del tipo de empresa, actividad, número de trabajadores, etcétera”, explica la gerente del área laboral de BDO Abogados. No obstante, comenta que, por ejemplo, en una empresa de gran tamaño del sector financiero, “simplemente por la relevancia de su actividad y el manejo de información que existe dentro de la misma”, lo recomendable es regular que no se acepta ningún tipo de regalo, estableciendo un sistema interno de recepción de ese tipo de artículos, así como la disposición que se hace de los mismos, que puede ir desde la devolución, el sorteo entre la plantilla o la donación a organizaciones sin ánimo de lucro.

Información irregular

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dado un espaldarazo a los códigos de conducta internos al apoyarlos, en una sentencia del 9 de febrero de 2017, como justificación en la procedencia del despido de un trabajador. El fallo recuerda que este documento es conocido y de obligado cumplimiento y que el empleado que acabó en la calle se lo había saltado en el apartado sobre la obtención irregular de información reservada proporcionada por un tercero, con obligación de eliminarla y de advertir de abstenerse de remitir más información de tal naturaleza.

Conflicto de interés

Hay muchas formas de ir en contra del código interno corporativo y los conflictos de interés suelen ocupar una parte importante dentro de ellos. Por eso, los tribunales lo tienen en cuenta a la hora de emitir sus fallos. Así, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en una sentencia de 27 de abril de 2016, estimó un claro conflicto de interés previsto en el código de conducta y el hecho de no haberlo comunicado (la vinculación de su hermana con la competencia) supone una transgresión de la buena fe contractual, que se castiga con el despido disciplinario en el Estatuto de los Trabajadores.

El futuro de la plusvalía municipal. Una oportunidad para su racionalización

futuro de la plusvaliaHace poco supimos que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía municipal, cuando en la transmisión de un inmueble urbano se ha obtenido una pérdida económica.

La plusvalía municipal es un impuesto que se paga a los ayuntamientos por el aumento del valor que haya experimentado el suelo de un inmueble desde que se adquirió y que se pone de manifiesto cuando se transmite por venta, herencia o donación, entre otras operaciones.

El asunto es que, según la ley, el impuesto a pagar se calcula de forma objetiva y automática, lo cual implica que siempre resulta importe a ingresar incluso cuando se transmite un inmueble por un valor inferior al de adquisición o compra.

Así, el Constitucional en sus recientes sentencias de 16 de febrero y de 1 de marzo en relación con las normas de Guipúzcoa y de Alava, ha declarado inconstitucionales y, por tanto nulos, los artículos de estas leyes que hacen pagar plusvalía cuando no hay incremento de valor real, sino pérdida económica.

Ahora bien, debemos aclarar dos cuestiones. La primera, que estas sentencias sólo afectan a Guipúzcoa y a Alava, respectivamente, y que por tanto la Ley estatal aún sigue vigente, aunque todos esperamos que en breve el TC se pronuncie de igual manera en relación con la Ley de Haciendas Locales que rige para los ayuntamientos del resto del territorio español.

Y la segunda, que estas sentencias no consideran la actual plusvalía municipal inconstitucional en general. Incluso validan el cálculo objetivo del impuesto y el gravamen de rentas potenciales, y sólo cuando el ciudadano ha sufrido una pérdida, como las normas no le permiten probarlo, se vulnera el principio de capacidad económica del artículo 31.1 de la Constitución.

Esta situación ha provocado una avalancha de reclamaciones en los ayuntamientos presentadas tanto por quienes han sufrido pérdidas en la venta de un inmueble como por quienes consideran que han ingresado unas cuantías elevadas por este impuesto, quedando “a la espera” de que el TC se pronuncie y el legislador aproveche la oportunidad para reformar un tributo que, sin duda, adolece de graves defectos de técnica legislativa.

Aunque hace un par de semanas, Cristóbal Montoro ha manifestado que el impuesto de plusvalía es válido y legal, mostrándose reticente a su completa revisión, es evidente que es el momento de reflexionar sobre un impuesto basado en el aumento del valor del suelo de los inmuebles del que teóricamente nos hemos beneficiado desde que lo compramos hasta que lo vendemos, pero que se calcula sobre su valor catastral en el momento de la venta sin posibilidad de correcciones.

Es más, en nuestra opinión el propio Constitucional en su sentencia de 1 de marzo de 2017 va un poco más allá al referirse no solo a las situaciones de pérdida económica, sino que parece incluir un consejo general en el fundamento de derecho 3 al decir que aunque el nacimiento de la obligación tributaria dependa de la transmisión de un terreno, ello puede ser condición necesaria pero no suficiente para configurar un impuesto cuyo objeto es el “incremento de valor” de un terreno. De esta forma, continúa, a la transmisión hay que añadir la necesaria materialización de un incremento de valor del terreno, exponente de una capacidad económica real o, por lo menos, potencial.

En definitiva, esperamos que el Gobierno aproveche la situación para que la plusvalía municipal sea más racional: que cada cual pague efectivamente por el mayor valor del suelo de su inmueble, pero que nadie pague cuando haya perdido valor y que no pague lo mismo sea cual sea el incremento de ese valor.

En este sentido, la comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso ha aprobado una iniciativa en la que se pide una reforma global del impuesto en la que se tengan en cuenta fórmulas que reflejen más fielmente el verdadero incremento de valor de los terrenos, teniendo en cuenta indicadores que reflejen la evolución real del valor de los terrenos.

Mientras tanto, conviene revisar los pagos recientes a los ayuntamientos por el impuesto de plusvalía y comprobar si en el caso concreto hubo aumento en el valor del suelo o pérdida económica, siendo posible impugnar la autoliquidación o presentar solicitud de devolución de ingresos indebidos, dentro del plazo de prescripción de cuatro años de la Ley General Tributaria.

Artículo publicado en:

http://www.expansion.com/juridico/opinion/2017/05/12/5915dd7e268e3e1c7a8b45a2.html?cid=SMBOSO22801&s_kw=twitter